Las uniones de hecho entre personas del mismo sexo son aparadas por la
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Extracto
Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.
Requisitos:
- Ninguno de los contratantes debe tener vínculos matrimoniales.
- Vivir por lo menos dos años juntos en Ecuador
- Original y copia a color de la cedula de ciudadanía.
- Original y copia a color de la papeleta de votación
- Para extranjeros original y copia del Pasaporte y Visa Ecuatoriana, demostrando que ha vivido por lo menos dos años en Ecuador como residente legal.
- Escrito avalado por un Abogado.
- Firma presencial en la Notaria
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Procedimiento:
1. Entregar los datos, copias de cédula y papeleta de votación, para presentar al abogado y notaria.
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4. Firma presencial en la notoria.
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Se entregará a los firmantes dos copias certificadas.
Para Mayor información:
Teléfono: 604 28 45
Celulares: 0986-588-404 Claro / 0998-423-402 Movi
Quito - Ecuador
CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR EN VIGENCIA Extracto
TITULO VI
DE LAS UNIONES DE HECHO
Art. 222.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala éste Código, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal.
La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER o PERSONAS DEL MISMO SEXO libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes.
Art. 223.- Se presume que la unión es de este carácter cuando el hombre y la mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos y vecinos.
El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba correspondiente.
Art. 224.- La estipulación de otro régimen económico distinto al de la sociedad de bienes deberá constar de escritura pública.
Art. 225.- Las personas unidas de hecho podrán constituir patrimonio familiar para sí y en beneficio de sus descendientes, el cual se regirá por las reglas correspondientes de este Código.
La sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes.
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El 12 de Junio del 2019 a través de dos fallos distintos, pero que versaban sobre un mismo tema. La Corte Constitucional de Ecuador reconoció que las parejas homosexuales tienen derecho a contraer matrimonio.
Lo hizo mediante la sentencia del Juez Constitucional Ramiro Ávila, que dice que el artículo 67 de la Constitución que expresa que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer no se contrapone – sino que de hecho se complementa- con la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Opinión Consultiva OCC-24/17.
Por otro lado, mediante la sentencia del Juez Constitucional Alí Lozada, se determinó que son inconstitucionales los fragmentos de los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en ambas disposiciones legales, cuando usan la expresión “un hombre y una mujer” y en la primera, cuando usa el término “procrear”; y que las parejas del mismo sexo sí tienen el poder jurídico de contraer matrimonio.
Estas dos decisiones, que juntas configuran lo que se denominó en los titulares de los medios de comunicación como la legalización del matrimonio igualitario en Ecuador, dieron como resultado al mayor debate que hay atenido lugar en los últimos años desde la opinión pública.
Hoy ya han pasado meses desde que se dieron estas sentencias, estos fallos ya fueron debidamente publicados en el Registro Oficial ya l momento en que escribo estas líneas, las primeras parejas del mismo sexo ya han contraído matrimonio en nuestro país. Dado que el matrimonio igualitario es hoy un hecho consumado en forma incuestionable, me parece que es pertinente retomar aquellos argumentos falaces mediante los cuales se opinó en contra de la legalidad, constitucionalidad o posibilidad de ejecutoriarse de estas sentencias; y que pulularon en nuestros medios de comunicación.
En primer lugar, debo decir que se difundió mucha mentira escandalosa desde la orilla de los grupos antiderechos, ultra conservadores u organizaciones religiosas. Se apeló al temor, a la desinformación ysin ninguna prueba válida, se aseguró que estas sentencias iban a destruir a las familias, que pondrían en peligro a la niñez. Incluso se esgrimieron razones etimológicas sobre el término matrimonio para que no sea utilizado para describir a uniones de parejas del mismo sexo.
Pero lo más bochornoso e irresposable fueron los argumentos supuestamente jurídicos que abogados antiderechos usaron para oponerse a las sentencias de la Corte Constitucional. Sería larguísimo relatar cada uno de esos episodios, desgraciadamente son demasiados. Así que solo analizaré uno para poner como ejemplo de lo que han sido estos días esta orquestada campaña de desinformación a cargo de supuestos juristas.
El abogado Franklin Moreno, activista de Derechos Humanos y es Defensor del Pueblo, estuvo el día 19 de junio en Ecuavisa en el programa Contacto Directo y ahí cuestionó la votación por las que fueron aprobadas las sentencias, cuatro votos a favor y un voto recurrente – porque según su criterio el voto recurrente no puede ser contabilizado como voto a fvor. Además, señaló que los votos recurrentes requieren que el juez dueño de ese voto redacte por escrito la motivación para votar de esta manera y que esta sea incluida en la sentencia. Por lo tanto, exigióque la Fiscalía tomara cartas en este asunto.
Este es un ejemplo de argumento que esgrime una verdad a medias con finalidad de desinformar. En efecto, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y ControlConstitucional (LOGJCC) determina en su artículo 27 que los votos concurrentes son los que se adhieren al proyecto de sentencia, pero que expresan discrepancia con respecto a la fundamentación de la misma y que se contabilizan como votos a favor. Esa ley establece también que existe un término de 10 días para que estos votos concurrentes sean remitidos por escrito a la Secretaría General de la Corte y que, de no hacerse, se sentará la razón respectiva y se continuará el trámite de notificación de la sentencia.
De la LOGJCC se desprende, en primer lugar, que el voto concurrente se contabiliza como voto a favor. En segundo lugar, sí es cierto que el voto concurrente debe ser motivado y remitido a la Secretaría General, pero se establece un término de 10 días para esto y de no ocurrir, esta omisión no acarrea la nulidad de la sentencia ni impide que se ejecutoríe. Por lo que es absurdo aseverar que la falta de motivación de un voto concurrente sería considerada un delitoo daría pie a que la Fiscalía, como dijo Franklin Moreno “tome cartas en este asunto”., Todo eso es falso.
Además, los dos votos concurrentes en estas sentencias, tanto del Juez Ávila como del Juez Lozada, fueron debidamente motivados y remitidos a la Secretaría General de la Corte. Esto sucedió el 18 de junio y el 26 de junio, respectivamente; es decir, dentro del término de 10 días hábiles que establece la LOGJCC. El día 19 de junio que Franklin Moreno fue a Ecuavisa a decir que faltade voto concurrente ameritaba que la Fiscalía abra una investigación, ya había sido motivado el voto concurrente del Juez Ramiro Ávila.
Es imperativo que los medios de comunicación tengan un mínimo de criterio, no solo a la hora de escoger a sus invitados, sino también para cuestionar sus dichos a partir de la búsqueday obtención de información fidedigna; lo que en periodismo se conoce como contrastar datos. Esa es la tarea que hoy queda pendiente.
Finalmente, es necesario también que, para referirnos de ahora en adelante a los matrimonios de parejas de mismo sexo, ya no hablemos de matrimonio igualitario.
Hablemos solo de matrimonio. Porquede ahora en adelante en Ecuador no existen diferencias entre los matrimonios de parejas homosexuales y los matrimonios de parejas heterosexuales. De ahora en adelante en ecuador solo existe un matrimonio y todas las parejas pueden acceder a este contrato.
Silvia Buendia. MAX REVISTA, Nov, 2019 # 09 Pág. 4 y 5
La Constitución reconoce que el Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional, y establece la obligación de la administración pública de prevenir, eliminar y sancionar toda forma de discriminación. Además, los tratados internacionales de derechos humanos refuerzan este reconocimiento y protección.
La Corte Nacional de Justicia, que reafirma los derechos de las mujeres trans al reconocerlas como sujetas de protección bajo la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM).
¿Qué implica esta decisión?
Derecho a la prevención y erradicación de todo tipo de violencia hacia mujeres trans.
Acceso a medidas de protección y justicia para casos de violencia de género.
Reconocimiento como sujetas de derechos y acceso a reparación integral.
Esta interpretación marca un precedente fundamental en la lucha por la igualdad y no discriminación.
Las "clínicas de deshomosexualización" son una realidad solapada en Ecuador, tanto por los responsables de estos centros como las autoridades, pese a las denuncias de ONG ante organismos internacionales de una total impunidad sobre la materia.
Torturas físicas y psicológicas, humillaciones, mala alimentación, privación de sueño, descargas eléctricas y "violaciones correctivas", son prácticas llevadas a cabo en estos centros repartidos por todo el país, donde internan a la fuerza a jóvenes para corregir su orientación sexual, según las denuncias.
En enero del año pasado, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación "por las denuncias de internamiento forzoso y malos tratos a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en centros privados en los que se practican las llamadas 'terapias de reorientación sexual o deshomosexualización".
El Comité observó que ninguno de los procesos iniciados por la Fiscalía ecuatoriana "hayan concluido en condena".
En Ecuador se han elaborado varios informes e investigaciones periodísticas con casos documentados y testimonios de afectados por los abusos sufridos en las clínicas, supuestamente de desintoxicación o centros eclesiales.
Uno de los casos emblemáticos es el de Jonathan Vasconez, internado contra su voluntad en mayo de 2010 por mediación de su familia, que buscaba así cambiar su orientación cuando era lesbiana.
A los 23 años fue secuestrado por el director y dos "adictos" del centro "La Estancia", en Patate, provincia de Tungurahua.
"Me dijeron que eran de antinarcóticos y que me suba al vehículo. Luego me taparon la cabeza y cuando llegué allá me explicaron que era por un tema de adicción", asegura Vasconez.
En el tiempo en que estuvo internado y que se prolongó durante más de un año, logró escapar en dos ocasiones, pero siempre lo volvían a capturar.
"Había maltrato, nos ponían sobre las tablas de la cama, nos pegaban, esposaban, me introdujeron la cabeza en un tanque de agua, nos botaban la basura encima, nos sacaban de noche a hacer ejercicio, nos mojaban con la manguera de agua", relata sobre algunas de las torturas que recuerda haber sufrido.
La clínica fue intervenida por las autoridades por hacinamiento y porque también había menores. Su caso llegó a una corte pero finalmente quedó sobreseído.
Otro que despertó enorme revuelo social fue el de Paola Concha Zirith en 2008, secuestrada de su casa y conducida a una clínica cerca de Quito, donde sufrió entre otras agresiones "violación correctiva" por ser lesbiana, aunque nunca llegó a denunciar.
De las decenas de casos registrados en los últimos años, solo uno, el de Zulema Constante, de 2013, concluyó con una sentencia que fue irrisoria, como el pago de 6 dólares y diez días de prisión para el responsable, que condenado por un delito de plagio.
Cayetana Salao, coordinadora de proyectos del Taller de Comunicación Mujer una de las ONG que trabaja en este campo, señala que solo en área de Quito tienen contabilizados 65 en los últimos doce años, a los que se sumarían otros adicionales en Manabí, Cuenca, Ibarra o Guayaquil.
"Es muy complejo tener un número exacto porque ninguno de estos casos ha llegado a un feliz término en cuanto a sanciones o medidas ejemplares para que dejen de suceder", afirma.
En total han registrado seis casos judicializados, pero las solicitudes a las autoridades judiciales suelen toparse con dificultades para obtener de información, en buena medida por la cláusula de confidencialidad que rodea los casos sobre personas de identidad de género diversa, medida que cuestionan las organizaciones.
Los colectivos LGTBI denuncian además que la justicia no ha llegado a considerar estos casos con la dimensión que merecen, como delitos de odio por razón de orientación sexual, como contempla el Código Orgánico Integral Penal.
Carlos Flores, autor del trabajo periodístico "Impunidad que tortura", considera que en Ecuador "hay una clara evidencia de impunidad sobre estos caso y las reformas de carácter normativo no son suficientes para evitarlos".
Indica que hay clínicas que siguen funcionando pese a figurar en informes oficiales y de estar bajo la lupa del Comité Contra la Tortura, y propone campañas de sensibilización y mayor prevención por parte del Estado, "para que no tengamos que esperar a conocer el próximo caso emblemático".
Efe ha tratado sin éxito de obtener un pronunciamiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador sobre la cuestión.
Prevenir es fundamentar para evitar quese produzcan formas de discriminación y odio en contra las y los estudiantes LGBTI.
El momento en que el Concejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) hizo la entrega oficial de la “Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional”, surgieron un sin número de mensajes discriminatorios en redes sociales contra los derechos de las personas de las diversidades sexo – genéricas.
Esta realidad, en lugar de obstaculizar el trabajo del CNIG, en articulación con el Ministerio de Educación y las organizaciones de la sociedad civil, fue una muestra clarade la necesidad urgente de educar a la población en derechos humanos y en el principio de igualdad y no discriminación. Solo a través de la educación se puede prevenir el acoso, la exclusión y el asilamiento- por razones de ´genero – de las y los estudiantes, no solo en el sistema educativo nacional, sino también en otros espacios públicos y privados.
En el marco de este contexto social, la Guía para prevenir ycombatir la discriminación brinda un conjunto de orientaciones técnicas para las familias de las y los estudiantes, para el personal docente y para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Además gracias a la labor del Ministerio de Educación, se pudo precisar de manera pedagógica y práctica los ejercicios didácticos pertinentes para que las y los estudiantes, de acuerdo a sus edades y al ciclo de educación básica que atraviesan, puedan sensibilizarse y conocer los derechos de la población de las diversidades sexo – genéricas.
Si bienel documento contiene un apartado conceptual, descrito de manera pedagógica, la Guía también establece un conjunto de recomendaciones para la comunidad educativa, en el marco de la cultura de paz. Promueve actividades inclusivas para prevenir hechos de violencia y para saber qué hacer cuando estos hechos ocurren.
Prevenir es fundamental para evitar que se produzcan formas de discriminación y odio contra las y los estudiantes LGBTI. La prevención, además , permite hacer efectivo el derecho la educación universal que muchas veces ha sido vulnerado sobre todo a niñas, niños y adolescentes trans, lo cual no solo se configura en un delito de discriminación sino que también atenta contra su derecho a la identidad.
Prevenir es fundamental para evitar que se produzcan formas de discriminación y odio contra las y los estudiantes LGBTI. La prevención, además permite hacer efectivo el derecho a al a educación universal que muchas veces ha sidovulnerado sobre todo a niñas, niños y adolescentes trans; lo cual no solo se configura en un delito de discriminación sino que también atenta contra su derecho a la identidad.
Eliminar progresivamente los patrones socio – culturales construidos a través de estero tipos sociales que se fraguan en el país y que incluso penalizaron la homosexualidad hasta 1997, no es una tarea fácil. Por esta razón, la alianza entre Estado y sociedad civil es fundamental, no solo para implementar la Guía a nivel nacional, sino para que a través de la educación se puedan cambiar estos patrones socio – culturales que profundizan las desigualdades entre lo masculino y lo femenino.
La educación como principio fundamental del desarrollo humano y como intercambio de saberes y conocimientos, es un espacio fundamental para garantizar la equidad de género, justicia, solidaridad y paz. Por esta razón, el CNIG, junto con el Ministerio de Educación, le han apostado a este trabajo de sensibilización y aprendizaje, pues el incumplimiento del derecho a la educación puede vulnerar, en el futuro, el efectivo goce del derecho al trabajo.
Además, fortalecer y consolidar la transformación integral del sistema educativo y crear condiciones, contenidos y prácticas de igualdad plena y convivencia armónica entre todas las personas, es una de las políticas de igualdad que se debe cumplir hasta el 2021, según lo establece la Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTI y los ODS.
Entre el 4 y el 12 de junio de 2019, la Corte Constitucional
(CC) ecuatoriana dispuso resolver las demandas planteadas por dos parejas
homosexuales a las Cuales el Registro Civil les había negado contraer
matrimonio. La CC discutió estos casos y retomó la Opinión Consultiva 24-17 de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se recomienda a
todos los países adherentes a la CIDH reconocer el derecho al matrimonio civil
para personas del mismo sexo. Apenas se hizo noticia que la Corte tomaría una
resolución legal en este tema, las organizaciones LGBTI y “antigénero” se
pusieron alertas e iniciaron procesos de acción colectiva.
En un chat de Whatsappen el que participan diversos activistas
evangélicos de corte conservador (la mayoría quiteños y del movimiento Vida y
Familia Ec), se empezó a discutir con gran preocupación esta noticia. En un
mensaje posteado el 4 de junio por el líder evangélico Ricardo Montero, se
mencionaba: “Señor, te pedimos que NO se apruebe el matrimonio del mismo sexo
en Ecuador. Te pedimos que nuestra nación busque a Dios y nos volvamos a tus principios
y mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén”.
En un mismo sentir que Montero, el pastor Armando Suárez declaraba con mayor
ímpetu: “Es el momento más crítico para orar y guerrear espiritualmente en
favor de la honra de Dios, la familia y la condición moral del Ecuador. Estamos
todos en cadena de oración”. Todos los
pastores replicaron con un “amén” y con súplicas a Dios para “detener” las
acciones de la CC.
Este chat de Whatsapp tenía como función organizar a las agrupaciones
evangélicas “antigénero” para limitar toda política relacionada con derechos
sexuales y reproductivos y políticas LGBTI . La mayoría eran pastores o líderes
religiosos evangélicos, y pertenecían al movimiento Vida y Familia Ec. Todos
los nombres de este chat fueron cambiados en este artículo por cuestiones de
privacidad y ética investigativa.
¿Qué importancia tienen estas
declaraciones?
- Su relevancia radica en que este tipo de mensajes remiten a lo que Wynarczyk
(1995) y McAlister (2016) denominan “la invocación de la spiritual warfare o
guerra espiritual”. Para ambos pensadores, la guerra espiritual es una ideología
protestante estadounidense de mediados del siglo XX (pero popularizada en los
años setenta, en medio del auge radical del neoliberalismo y la Guerra Fría)
que se ha trasplantado de manera exitosa en las iglesias neopentecostales
latinoamericanas. En esta corriente, se plantea una “percepción metafísica de
los acontecimientos sociales, económicos y naturales” (Wynarczyk, 1995, p. 155)
en la cual, al estar las naciones y sus individuos envueltos por “fuerzas
malignas”, los cristianos vendrían a ser sujetos de “liberación” de este mal a
través de la oración y el compromiso con Cristo. Para el caso concreto de los evangélicos
conservadores ecuatorianos, la oración se preforma como uno de los medios por
los cuales se produce esta guerra espiritual, y en la que se pretende
desmantelar a las “fuerzas malignas del género” 7. Además de globalizarse un
tipo de teología militarista, la guerra espiritual permite forjar una identidad
política en la cual “sus intercesores imaginan ser
parte de un grupo de elite de los agentes de Dios, participando en una masiva
transformación del mundo hacia el Reino de Dios” (McAlister, 2016, p. 116).
Las acciones políticas de los
grupos evangélicos no se limitaron a la guerra espiritual. En un mensaje del 11
de junio, el pastor Suárez invitó a líderes y lideresas evangélicos, para
participar de una reunión presencial en el Semisud el 14 de junio. Al calor de
los sucesos nacionales, el objetivo de este evento era discutir sobre la
marginación e invisibilización que han sufrido las comunidades evangélicas por
parte del Estado ecuatoriano. Suárez preguntaba a los miembros del chat:
“¿Creen que con el pretexto de separación de iglesia y estado, (…) se pretende
silenciar e invisibilizar a la iglesia? ¿Y qué consecuencias tendrían las leyes
y prácticas anticristianas contra la vida, la familia y la libertad de
conciencia, que se pretende aprobar?”.
Los objetivos de la reunión en el Semisud fueron
replanteados cuando, el 12 de junio, la CC tomó una decisión opuesta a los
intereses de los conservadores: - el matrimonio civil igualitario se volvió una
realidad en el país mediante la sentencia 10-18, que modificaba ciertos pasajes
de la Ley de Identidad y Datos Civiles. El matrimonio dejó de definirse como un
contrato entre “un hombre y una mujer” para catalogarse como un “contrato
solemne entre dos personas”.
El malestar de los sectores “antigénero” estalló, y la
reunión en el Semisud era el momento perfecto para discutir las demandas públicas
de los sectores evangélicos y planificar acciones concretas en contra de la resolución
de la Corte Constitucional.
Frente a este contexto, se evidenció que los evangélicos
habían superado la clásica visión pentecostal, apolítica y pasiva sobre el
mundo (D’Epinay, 1969) para concebirse como ciudadanos activos capaces de
cambiar el rumbo de la política nacional. De acuerdo con Vaggione (2017, p. 17)
y su teorización sobre la ciudadanía religiosa, se consolidó un proyecto que
intentaba articular “una categoría de ciudadano/creyente que no solo es
ecuménica (incluye también a aquellos que no son evangélicos) sino también
transnacional”.
Transnacional, en la medida en que las acciones que tomaron los grupos
evangélicos contra el matrimonio igualitario remitieron a un proyecto
reaccionario de escala global por defender la religión conservadora-patriarcal
ante los “embates” internacionales del feminismo y las políticas LGBTI.
Así, mediante una coordinación online / offline, el
viernes 14 se reunió una representación eclesial de toda la iglesia evangélica
del Ecuador: alrededor de 70 pastores directivos de la mayoría de denominaciones
de alcance nacional y pastores de iglesias independientes, además de directivos
de la CEE y el CPQ9. Se concluyó con la firma de un documento con demandas ante
las autoridades por nuestros derechos ciudadanos y el compromiso de unidad tras
la causa de vida, familia y libertad de conciencia. Este compromiso genera un
nuevo impulso y un nuevo desarrollo de la promoción y lucha por los valores
cristianos, la vida, la familia y la libertad (Armando Suárez, 2019).
A partir de esta reunión, se
coordinaron varias actividades: organizar una movilización nacional para el 29
de junio desde las 09:00 (en la cual también participarían sectores católicos);
publicar un manifiesto en el cual se expresaran los motivos de las marchas, e
impulsar procedimientos legales para intentar revertir la resolución de la CC y
exigir una consulta popular en la que se resuelva (“democráticamente”) la
cuestión del matrimonio civil igualitario.
Además, el pastor Suárez invitó,
por medio de Whatsapp, a todxs lxs líderes y lideresas evangélicxs a participar
de una jornada de ayuno y oración del 21 al 23 de junio, en la que se
“reprendería al enemigo espiritual” y se pediría a Dios que detuviera el avance
de leyes que promueven la “falsa educación sexual” y la “ideología de género”.
Con estos acuerdos sobre la mesa,
líderes y lideresas religiosos buscaron articularse con otros sectores que
estuvieran organizando acciones “antigénero” en el país. El chat de Whatsapp,
además de servir como una plataforma para reproducir una identidad militarista
“antigénero”, intercambiar discursos y pudo coordinar acciones con Susana
Quintero, líder de jóvenes evangélicos de Ambato, y con Juan Arteaga,
presidente de la Confraternidad de Pastores e Iglesias de El Oro. La alianza
más importante que se logró fue con el Consejo de Pueblos y Organizaciones
Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) que, junto con la Pastoral Indígena
Católica, se sumaban, por primera vez, al activismo “provida / profamilia”
del país.
Además de apoyar las movilizaciones propias de estas organizaciones indígenas que
se darían el 25 de junio en varias ciudades del Ecuador–, los pastores de este
chat acordaron, junto con la FEINE, salir a las calles como un solo cuerpo el
29 de junio en Quito. A estas múltiples alianzas y conexiones nacionales entre
grupos “Provida / Profamilia”, iglesias neopentecostales indígenas y mestizas,
activistas conservadores, sectores católicos integristas, etc., se denominó COVIFAL:
Coordinadora Nacional de Vida, Familia y Libertad. Esta organización fue la
señal de un nuevo tipo de “ecumenismo” conservador que, a partir de las luchas
contra el género, logró ensamblar a actores de diferente credo religioso, etnia
y ubicación geográfica. Después de un arduo proceso de coordinación nacional
(en la que incluso se difundieron consignas y protocolos de seguridad para las
movilizaciones), se realizó la marcha del 29 de junio en varios lugares del
país, incluyendo Quito.
El eslogan que utilizaron los sectores
“antigénero” para denominar a estas movilizaciones fue “Resistencia Cívica”,
que pretendía disociar estas marchas con algún credo religioso en particular, y
vincular la lucha contra la legalización del matrimonio igualitario como una
forma de “defensa” de la familia, lo “natural” y los
“valores” morales. Al igual que la Iglesia católica (Kuhar, 2014) y las
campañas globales contra el género, los evangélicos de Ecuador glocalizaron la
retórica y estrategias seculares de estas organizaciones, y las alinearon con
la coyuntura y demandas del momento.
De igual manera, Vida y Familia Ec
y otros colectivos conservadores presentaron acciones legales contra la Corte Constitucional, además de enviar abogados
y expertos “Pro familia” para debatiren medios de comunicación (10).
ACCIONES EN LA OEA
Y ACTIVISTAS
TRANSNACIONALES“ANTIGÉNERO” EN ECUADOR
Aun con todos los esfuerzos de las
organizaciones “antigénero” del país, la Corte Constitucional no desistió en su
resolución. En Guayaquil, el Consejo de Resistencia Fe, Vida y Familia, junto
con su presidente, el pastor Francisco Loor, continuaron con algunas acciones
en julio: denuncias en redes sociales a la Corte Constitucional, y plantones en
las afueras del Consejo de Participación Ciudadana y de la Gobernación del Guayas. De todos
modos, el 18 de junio de 2019, una primera pareja de mujeres lesbianas contrajo matrimonio en el
Registro Civil de Guayaquil y selló por el momento la discusión sobre el matrimonio igualitario.
Estas disputas por el matrimonio
igualitario impulsaron la activación transnacional de los sectores evangélicos
conservadores. El pastor Héctor Larrea mencionaba en un mensaje del 24 de junio
que, a nivel continental (y de manera online), se estaba armando el
movimiento Estrategia de Oración Jehová Nissi, que promovía la participación de
la Iglesia evangélica en la 49 Asamblea de OEA. Esta comunidad online pretendía
levantar ceremonias de oración a nivel latinoamericano, para detener
(en términos “espirituales”) la influencia de los activistas LGBTI en ese
organismo. El pastor Larrea mencionaba: Los atalayas tenemos que estar parados
en el borde de la muralla mirando el camino a ver qué es lo que viene a la
ciudad de Dios y desde allí levantar la voz de alarma, la voz de trompeta, la intercesión
por los hijos y las hijas de Dios.
Estaremos juntos intercediendo de
acuerdo al corazón de Dios, escuchando el clamor en el cielo para hacerlo eco
aquí en la tierra. (…) Oramos por todas las delegaciones cristianas y
evangélicas y las ong que están en contra de la agenda LGTBTI. El día de hoy
nos unimos a nivel continental [sic].
Además, este pastor invitó a los miembros del grupo a apoyar, de manera “virtual”
y “espiritual”, a Gerald Bogantes, pastor evangélico costarricense y presidente
de la Alianza Evangélica Latina, quien representaría en la OEA a los jóvenes “Provida”
ecuatorianos y latinoamericanos en general.
El objetivo de este evento era
impedir que se aprobara cualquier resolución internacional sobre aborto, “autopercepción” (de
género) y diversidad sexual. Estas intervenciones en la OEA, junto con el apoyo
online / offline de iglesias evangélicas en toda la región, es
síntoma de lo que Sonia Corrêa e Isabela Kalil denominan “desdemocratización” de
América Latina: “Una erosión gradual del tejido democrático de la política”
(2020, p. 6), que repercute en el progreso de derechos y en la participación
público-política de colectivos históricamente excluidos. En este caso, además
de oponerse al orden democrático-liberal y a las instituciones que lo
representan (como la misma OEA), las organizaciones “antigénero” han utilizado
estos mismos organismos internacionales para avanzar en su agenda antifeminista
y anti-LGBTI . Es decir, es posible constatar un
proceso de desdemocratización desde dentro: un uso estratégico de plataformas democráticas para
fines antidemocráticos.
Además, resulta novedoso que
iglesias y actores evangélicos que hasta hace unos años no tenían mayor interés
por participar en cumbres internacionales logren tener importantes
representantes “Pro vida/Pro familia”, y conformar redes conservadoras –y
religiosas– que apoyan el desmantelamiento de los derechos LGBTI y los procesos
de desdemocratización en América Latina. Las acciones transnacionales de los
grupos evangélicos no se limitaron a la arena online. Cuatro activistas
transnacionales “antigénero” visitaron Ecuador para dar talleres y
conversatorios sobre temas “Pro vida / Pro familia”: Irene Squillaci, Christian
Rosas, y los esposos Milagros y Guillermo Aguayo (11).
La llegada de Squillaci, el 19 de
agosto, al conversatorio “Cristianos y Política ¿Una relación posible o
inevitable?”, fue el caso más novedoso. Ella es una pastora y activista de derecha de
Bolivia, que pertenece a la Red de Transformación Global: una organización internacional
con más de 50 sedes en el mundo y que busca, mediante principios bíblicos, capacitar
en temas de política, economía, negocios, etc. Esta pastora, además de
adscribirse como activista “antigénero” y de derechas, ha intentado sentar las
bases ideológicas para legitimar el desmantelamiento del Estado (en términos
económicos y de bienestar social) como una vía para
rescatar a la “familia natural cristiana”. En una de las conferencias en el
Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia de 2020, mencionaba:
En la medida en que empoderemos
demasiado al Estado, estamos desempoderando a la familia (…). La verdadera
agenda internacional para destruir la familia no es el aborto o el homosexualismo
(que son agendas importantes para ellos), pero es la agenda económica. Porque
si la familia no es tan independiente del Estado en su economía, no tienen una
voz por levantarse y para votar correctamente, para decidir correctamente.
(Squillaci, 2020)
Squillaci es un caso particular en esta articulación ideológica en América Latina
entre discurso “antigénero” y economía de libre mercado, que revela la
pertinencia de las siguientes preguntas: ¿en qué medidas confluyen los proyectos
conservadores con una renovada racionalidad neoliberal (Brown, 2016)? y ¿cómo
colisionan las ideologías religiosas con los actuales proyectos de
mercantilización de la vida?
Aunque en varios países latinoamericanos no se ha evidenciado una alianza
explícita entre gobiernos y campañas “antigénero” –a excepción de Brasil, donde
Bolsonaro ha sido el exponente mayor de las articulaciones entre conservadores
y sectores neoliberales–, es necesario analizar cómo confluyen
estas en el panorama actual. Por ejemplo, el proyecto de los grupos “Pro vida /
Pro familia” por posicionar a la “familianatural” como el centro base de la sociedad (como afirmó Milagros Aguayo
en su ponencia de la OEA) (12) conjuga con las políticas de recortes y
austeridad neoliberal, que terminan resituando los servicios de bienestar
social (educación, salud y cuidados en general) sobre las espaldas de las
familias y de las mujeres.
CONCLUSIONES
A través del caso concreto de actores
evangélicos conservadores de Ecuador, se evidencia una campaña transnacional “antigénero”:
redes de activistas conservadores, coaliciones transnacionales con metas
definidas, difusión de discursos y repertorios de acción, entre otros. También
existe un proceso de glocalización en el que los actores evangélicos ecuatorianos
han resituado ciertas estrategias de las campañas globales contra el género en
escenarios concretos. Apelar a la ciudadanía religiosa, a los discursos
seculares y a la guerra espiritual es parte de estas dinámicas globales
“antigénero” que han tenido eco en el contexto evangélico del país.
Desde estos dos enfoques (la formación de coaliciones y el activismo glocal), el
artículo intentó apostar por una visión situada en el escenario político
ecuatoriano, para desglosar algunasdinámicas transnacionales de las
agrupaciones “antigénero”.
Cabe mencionar que desde las luchas contra el matrimonio igualitario y la despenalización
del aborto en Ecuador, las agrupaciones evangélicas han logrado activarse en la
arena transnacional. Gerson Almeida, pastor y abogado ecuatoriano, por ejemplo,
impulsó la conformación del partido conservador PRO a finales de 2019 para,
después, presentarse ante el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia
en marzo de 2020 (13) . Aunque PRO sea un intento por captar el voto
evangélico y conservador en las elecciones de 2021, la fuerza que tendrá este
partido aún es incierta.
Gerson Almeida en el Congreso Iberoamericano
por la Vida y la Familia.
En el contexto actual, atravesado
por la crisis social del covid-19 en el planeta, los grupos “antigénero” han
replanteado sus estrategias y acciones sobre los Estados, las instituciones
internacionales y la sociedad. Activistas “Pro vida / Pro familia”, al igual
que otros movimientos sociales del planeta, se han especializado en llevar su
activismo a plataformas online, en las que han liderado campañas
digitales en contra del feminismo, los derechos sexuales y reproductivos e,
incluso, contra movimientos antirracistas. En este panorama, se vuelven necesarias nuevas
investigaciones y teorías en torno a la articulación entre lo digital, lo
transnacional y el activismo conservador.
El concepto de Ulrich Dolata (2017) de “constitución sociotécnica de la acción
colectiva” puede ser una entrada a estos
problemas, al situar el espacio digital como un agente activo (y no como mero
instrumento) que transforma las dinámicas de la protesta. De la misma manera,
la investigación de Manuela Caiani y Linda Parenti (2013) sobre internet y
extrema derecha en países occidentales puede para analizar las dinámicas
digitales y transnacionales de los grupos “antigénero”.
REFERENCIAS NUMÉRICAS:
7. Una acción similar se vivió en el
parque Bicentenario de Quito. El 7 de octubre de 2017, unasemana antes de la marcha de#ConMisHijosNoTeMetas Ecuador, el movimiento
Vida y Familia y diferentes iglesias evangélicas llamaron a sus congregaciones
para orar en contra de las políticas de género que se pretendía “imponer” a
través de la Ley de Violencia contra la Mujer.
8. El Seminario Sudamericano
(Semisud) es un instituto teológico que capacita a líderes y lideresas y pastores
evangélicos, en cuestiones bíblicas y espirituales. Tiene sede en la provincia
de Pichincha.
9. El CEE es la Confraternidad Evangélica del Ecuador,
mientras que el CPQ es el Cuerpo de Pastores de Quito.
11. Christian Rosas y Guillermo
Aguayo llegaron a Quito el 2 de septiembre de 2019 para dictar el seminario
“Ideología de Género y la respuesta eficaz que demanda”. Se trataron los
siguientes temas: “Semillas de maldad: desafíos culturales y mandamientos bíblicos”;
'Ideología de género: sentando las bases’; “Avance de la ‘ideología de género”;
“El plan de Dios y la familia”, y “Estrategias de Resistencia y defensa”. Este
evento se llevó a cabo en el Seminario Bíblico Asambleas de Dios (SEBAD) y fue
auspiciado por el movimiento ViVida y Familia. Milagros. Aguayo estuvo en Quito
el 12 y 13 de julio del mismo año, en un Congreso de mujeres organizado por la Denam-Sierra.
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